Somos personas y colectivos que provenimos de diferentes orígenes desde los medios de comunicación alternativos hasta activistas de derechos humanos y ambientalistas defensores del medio ambiente.

El punto común que nos ha reunido es un espacio de convergencia: la desinformación reinante sobre la situación colombiana; es así como surge la idea de romper ese cerco mediático que existe alrededor de Colombia, cerco obtuso y cruel que oculta la situación real reduciéndola a un cliché de violencia y droga, guardando en un silencio asesino la crítica situación de derechos humanos y la complicidad que existe con los verdaderos responsables de la violencia que vive el país.

ese cerco mediático que existe alrededor de Colombia, cerco obtuso y cruel que ha creado un cliché de violencia y droga, que oculta la situación real del país y que guarda en un silencio asesino, la complicidad que existe con los verdaderos responsables de la violencia y la crítica situación de derechos humanos que vive el país.

En Colombia desde hace 50 años se vive un conflicto social y armado que ha causado uno de los dramas humanitarios más graves y antiguos del planeta: cientos de miles de muertos y desaparecidos, y más de 4 millones de desplazados internos dan cuenta de esta situación. La mayor parte de los crímenes han sido cometidos por grupos paramilitares que actúan bajo la protección de las Fuerzas Militares y de altos funcionarios del Estado colombiano, estos grupos en muchas ocasiones son financiados por las multinacionales.

Dichas estructuras paramilitares y sus aliados han dado muerte a más de 15.000 personas, entre las que se cuentan  1.700 indígenas, 2.550 sindicalistas, y cerca de 5.000 miembros de la Unión Patriótica, sus cadáveres han sido enterrados en más de 3.000 fosas comunes o arrojados a los ríos. Desde el 2002, fecha de su “supuesta desmovilización”, han asesinado a 600 personas cada año.

En los últimos años las ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros del Ejército Nacional han aumentado. Desde el 2002 las organizaciones de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, han denunciado más de 950 ejecuciones de civiles que fueron presentados como muertos en combate.

Desde el 2006, numerosos escándalos han hecho evidentes los nexos estrechos entre los grupos paramilitares y decenas de políticos, incluyendo parlamentarios, gobernadores, militares y otros agentes estatales. Sin embargo muchos de estos políticos continúan ejerciendo cargos públicos o diplomáticos.

La opinión pública europea desconoce totalmente toda esta información. A nosotros de hacerla conocer.